Transparencia y probidad: ¿cuál es nuestro rol?

Guillermo Carey

En los últimos años, nos hemos informado por los medios de comunicación de diversas irregularidades que han afectado a entidades privadas y públicas en el país, de distintas áreas como el mundo empresarial, político, religioso y policial. El que estos hechos sean foco de noticia y que generen la molestia de los ciudadanos, quienes la expresan principalmente a través de las redes sociales, me parece una señal positiva. Ello porque no aceptamos con naturalidad faltas a la legislación vigente, ni tampoco a los valores que como grupo compartimos.

Esta situación evidencia la evolución que estamos viviendo como sociedad y cómo nuestros estándares se han ido elevando. Nos hemos empoderado en relación a hacer valer nuestros derechos e incluso en ser fiscalizadores ciudadanos de la mano de las nuevas tecnologías.

Estados Unidos comenzó a vivir un proceso similar en los años setenta, básicamente a raíz del cuestionamiento de la relación entre empresas y política, lo cual dio origen a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act). Ésta prohíbe a compañías norteamericanas o a sus subsidiarias sobornar para su beneficio a funcionarios públicos en el extranjero, además de establecer normas de transparencia en materia de contabilidad. Esta ley fue perfeccionada en los ochenta y noventa, y tomó más fuerza a partir de la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley en 2001, luego de la crisis del caso Enron; marca que para la cultura popular terminó siendo un sinónimo de fraude empresarial planificado.

Los estándares han cambiado. Eso se ve en el estudio sobre CEO’s que PwC realiza anualmente a las 2.500 empresas más grandes del mundo. En su última edición, destaca que los directorios, inversionistas institucionales, gobiernos y medios de comunicación han incrementado sus niveles de exigencia hacia los CEO’s respecto de asumir responsabilidad (accountability) en relación a fraudes corporativos y episodios vinculados con temas éticos. En materia estadística, llama la atención que el número de CEO’s despedidos por faltas éticas en Estados Unidos y Canadá se duplicó en el último quinquenio. Aunque en números absolutos las cifras no son grandes, ya que entre 2012 y 2016 fueron despedidos 14 máximos ejecutivos norteamericanos; pero el quinquenio previo solo había arrojado 6 desvinculaciones.

En este contexto, como Cámara Chileno Norteamericana de Comercio estamos interesados en poder compartir la experiencia estadounidense, tanto desde el punto de vista legal como empresarial, pues puede facilitar el proceso que como sociedad hoy transitamos. Con esta motivación, iniciamos hace más de tres años un trabajo interno para modernizar nuestra institucionalidad, lo que nos llevó a desarrollar un Manual de Gobierno Corporativo -que recoge la experiencia estadounidense- y un Código de Ética. Esta labor es parte de un proceso de evolución y modernización de la organización, el cual no debe quedarse en el papel, sino que tiene que llevarse a los procedimientos y al actuar de cada uno de los miembros de la Cámara.

En este sentido, quienes formamos las organizaciones tenemos un papel destacado en este proceso, ya que las leyes por sí solas no cambian conductas, por lo que adquiere relevancia nuestro propio estándar moral. El buen actuar de cada uno -independiente de su ubicación en la estructura organizacional- es tan importante como el de los líderes de estas instituciones o de las autoridades. El correcto actuar de una entidad lo construyen todos quienes la integran.

Considerando los diversos planos en los cuales nos movemos como miembros de esta sociedad, es importante mirarnos al espejo y reflexionar respecto del aporte que estamos haciendo y que podemos llegar a hacer en la construcción de una sociedad cada vez más transparente y proba, en la cual se reconstruyan las confianzas en las instituciones que permitirán que Chile siga avanzando y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.